La producción agropecuaria tiene hoy un gran socio llamado “Estado”. Así, según el último informe FADA sobre la “Distribución de la renta agrícola y evolución de sus variables” concluye que el 70,9% de la renta agrícola va a parar a las arcas del Tesoro Nacional. O sea, lo que se gana en la producción agropecuaria durante 258 días de un año, se “distribuye” a favor de este “gran socio”. Las contraprestaciones que este socio aporta son las obras de infraestructura en mejoras viales, extensión de rutas y caminos, mejoras en los mecanismos de control y legislación, subsidios para la promoción de las actividades y productos considerados estratégicos para el desarrollo, etc.
El mismo informe habla de una tasa de “presión tributaria” cercana al 74%, lo que quiere decir que, ésa es la proporción que representa el total de los impuestos que se pagan sobre la renta neta los costos de producción.
Es llamativo el contraste existente con otros países productores de commodities, como por ejemplo EE.UU, Australia o Canadá, donde el gobierno tiene un perfil, paradójicamente, mucho más “liberal” que el de nuestro país. Los productores norteamericanos de cereales reciben subsidios a través de dos mecanismos diferentes: por un lado, compran insumos que mejoran la producción y enriquecen de los nutrientes necesarios a fin de sostener su productividad a precios tarifados inferiores a los de mercado. Son subsidios al consumo pero orientados hacia productos que promueven el crecimiento productivo. Por otro lado, dicho país, ha establecido pseudo-barreras para-arancelarias que impiden la libre comercialización de productos que tengan una estructura de precios lo suficientemente fuerte como para ejercer algún tipo de presión sobre la estructura doméstica del mercado. Esto permite resguardar razonablemente el mercado interno y -por otro lado- promover la productividad para mejorar las posibilidades de producción. Es la ingente demanda la que va delineando qué producir y la que establece la movilidad de los precios.
En nuestro país las circunstancias son bien distintas. La presión tributaria es, en general muy alta, casi a la altura de los países más desarrollados del mundo, y en particular, se ha llevado a cabo una estrategia de demonización de ciertos sectores acompañada por una apropiación de la renta que genera un marco de fuerte especulación en busca de cobertura. La especulación está en el corazón del sistema económico capitalista y es la que genera que la asignación de recursos se haga hacia las actividades que más margen ofrecen. Por otro lado, la historia monetaria de nuestro país ha provocado que se tome al dólar como refugio y, ante la posibilidad de tomar la posición en dólares adecuada, muchos optan por postergar la liquidación de los bienes que producen. Para salir de esto es necesario generar incentivos suficientes y dotar de mayor certidumbre a la economía en general, aspectos que hoy están postergados por la coyuntura.
El manejo de la actividad productiva tiene hoy muy clara la “presencia” del Estado a la hora de repartir la renta y como consecuencia, muchos productores apelan a todo su ingenio para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Esto es natural en un marco de tanta presión tributaria y es sobre lo que deben operar los “hacedores de política” para reestructurar el sistema impositivo de manera estructural para reducir la evasión y generar incentivos adecuados. De lo contrario, suceden casos como los que son de público conocimiento en Córdoba donde se está investigando el caso de una gran cerealera que –supuestamente- asociada ilícitamente con otros actores, exportó cifras millonarias de granos “en negro” además de estafar al Estado en el reintegro del IVA de dichas operaciones. Esto es indefendible desde todo punto de vista porque las maniobras que se hicieron, aparentemente, son la sumatoria de varios delitos fiscales y de lavado de activos. Por estos motivos, mostrar de manera deliberada este fenómeno como algo frecuente en la producción agropecuaria es una estrategia que intenta confundir. Cuando en realidad, casi la totalidad de los productores agropecuarios son los que han hecho, entre otras cosas, que el país hoy sea considerado paladín en la agricultura de precisión. Argentina seguirá siendo un proveedor de recursos alimentarios fundamental y seguramente se reafirmará en este aspecto ya que, según todos los pronósticos, la demanda de alimentos se está profundizando. Por esto, es necesario integrar a la producción agropecuaria en la conciencia de la sociedad como un actor dinámico y fundamental en la vida del país, y no como un enemigo de la Patria. Los lineamientos del crecimiento económico del mundo y de la Argentina en particular para los próximos 20 años, pasarán por la producción de alimentos y recursos comestibles. Hay que explotar esta posibilidad y no inducir a la confusión. Para eso es necesario mayor claridad y transparencia en las políticas económicas.
Juan Ignacio Lozano - Consultor en Agronegocios. Licenciado en Economía.
Fuente: Mundo Campo.
